En la compraventa de vivienda social o protegida a través de fórmulas de autopromoción (como son las comunidades de bienes o sociedades cooperativas), siempre está latente el peligro del “sobreprecio”. Estando el precio de la vivienda tasado por la Ley, algunas GESTORAS de Cooperativas o Comunidades de bienes, suelen permitir, no protegiendo suficientemente a sus clientes (las Cooperativas y Comunidades de bienes), que a través de precios contradictorios u otras fórmulas el precio que el cooperativista desembolse por su vivienda sea superior al previsto en la Ley. Esta mala práctica de las GESTORAS supone que, no siendo ellas las promotoras de las viviendas, en un principio el <> que supone el “sobreprecio” afecte a la Cooperativa o la Comunidad de bienes.

Es decir, que sean al final los cooperativistas y comuneros quienes respondan del mismo.

Pues bien, desde el año 2011 los Tribunales han destacado la idea del carácter mandatario que une a la Cooperativa con la GESTORA y, por lo tanto, la responsabilidad de la GESTORA por el “sobreprecio” (aplicando los arts. 1.714, 1.718, 1º y 1.725 CC).

Para el control preventivo de estas situaciones es para lo que se hace especialmente eficaz el Fideicomiso de obra. La Sociedad Fideicomisaria vigila e impide precisamente que las Cooperativas queden afectadas por “sobreprecios” de los que, al final, las GESTORAS no quieren hacerse responsables. El control sobre el destino del dinero de los fideicomisarios, y el impedir que éste vaya a otros destinos distintos a los previstos contractualmente, hace que el Fideicomiso de obra esa una garantía para el cooperativista de que no se vea sorprendido por precios imprevistos en la construcción de la vivienda.